El juez Torres aceptó el pedido de la fiscalía. Lo acusan de ser nexo de la contratista brasileña con funcionarios argentinos.
El juez federal Sergio Torres dispuso la prohibición de salida del país para Jorge «Corcho» Rodríguez tras la denuncia de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía, que lo acusan de ser nexo de la contratista Odebrecht con los funcionarios argentinos en el pago de sobornos.
La medida también alcanza a contadores del empresario que figuran como titulares de una empresa a través de la cual se canalizaron los pagos.
Según la denuncia de la OA, la cuenta del Banco Itaú que pidieron bloquear a la justicia uruguaya recibió 32 transferencias por un total de 9 millones de dólares entre 2012 y 2014, dinero que fue movido con cheques a terceros y a cuentas en Santa Lucía (pequeño país caribeño), España y Estados Unidos.
Las transferencias hacia esa cuenta registrada bajo titularidad de la sociedad Sabrimol Trading, fueron realizadas desde cuatro cuentas que ejecutivos de Odebrecht admitieron haber utilizado para el pago de sobornos: 16 de Klienfeld Services Ltd (por un total de US$5,4 millones), ocho de Innovation Research Engineering Development Ltd. (por US$1,1 millones), siete de Select Engineering Consulting and Services (por US$2,1 millones) y una de Trident Inter Trading Ltd. (por 314.965 dólares).
Consultado por La Nación, Rodríguez negó ser el dueño de Sabrimol Trading y en haber tenido que ver con las transferencias hacia Roberto Baratta, ex funcionario de Ministerio de Planificación que, según los delatores brasileños, fue el destinatario final de los sobornos para destrabar los pagos de tres obras: la extensión de las redes troncales de gas, la construcción de una planta potabilizadora para AySA y el soterramiento.
Sin embargo, los movimientos de Sabrimol Trading apuntan a Rodríguez. Varios movimientos fueron atribuidos a gastos de mantenimiento sobre la chacra Rosa Amarilla, ubicada en las afueras de Punta del Este. Además, los delatores brasileños, Marcio Farcia y Luiz Antonio Mameri, lo incriminaron por triplicado.
La OA también pidió la indagatoria de Benito Aldo Roggio y Tito Biagini (titular de José Cartellone), ya que falleció Julián Astolfoni, presidente de Supercemento.
El organismo anticorrupción sostiene que en las tres obras aparece el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, “como autoridad máxima del sector gubernamental y luego una serie de funcionarios dependientes y conocedores de las maniobras ilícitas”.
Por eso le pide a Casanello que, además de convocar a De Vido, también cite a declaración indagatoria a José López, Roberto Baratta, Fabián López, Edgardo Bortolozzi, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo.
